BUENOS AIRES.- La ONG La Alameda denunció que el presunto proxeneta y ex espía de la SIDE, Raúl Martins Coggiola, "financió la campaña de Mauricio Macri" en 2011 para su reelección como jefe de Gobierno porteño.
La presentación formal fue realizada ante la Justicia y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase) por Lorena Martins, la hija del supuesto proxeneta, quien denunció a su padre por manejar una red de trata y prostitución y a Macri por presuntamente recibir dinero de ese negocio para su campaña política.
La mujer, de 35 años, contó detalles del supuesto pago a la campaña del PRO al declarar ante el fiscal Marcelo Colombo.
La causa recayó en el juzgado federal del magistrado Norberto Oyarbide, a quien La Alameda denunció por ser "íntimo de Raúl Martins en los negocios de proxenetismo y trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires".
En su página web, La Alameda -la misma ONG que meses atrás denunció una red de prostitución en departamentos del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni- publicó una fotografía de Oyarbide y el ex espía abrazados en una fiesta, en la que también está el ex comisario Luis Buscaglia, a cargo de la entonces División Moralidad de la fuerza. La organización mostró otra foto en la que están Macri y su esposa Juliana Awada, supuestamente en el cabaret "Mix", propiedad de Martins en Cancún.
En la imagen aparece junto a Macri, Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear a fines de la década del ?90 el prostíbulo "Shampoo", donde aparentemente explotaban mujeres traficadas de Brasil y República Dominicana.
El lazo de Gabriel Conde con el jefe de Gobierno es Luis Conde, padre del primero, dueño de "Shampoo" y dirigente de Boca Juniors.
La relación entre la red de prostitución y el Gobierno de la Ciudad llega hasta el dirigente de Boca Juniors y ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Raúl Ríos, quien recibió en la sede del CGP Nº 7 el pago enviado por Martins para la campaña del PRO.
La denunciante señaló que Ríos es la conexión de su padre "para frenar inspecciones de los siete prostíbulos de Martins en la Ciudad". Otro funcionario mencionado en la presentación es José Alonso, inspector de Habilitaciones y Permisos de la AGC.
Lorena Martins pidió "custodia personal", tras la presentación "criminal" contra su padre y otras nueve personas. (NA)